lunes, 18 de abril de 2016

#NoFrackingWay #cOLOMBIA ANLA MIENTE AL PAIS. FIRMÓ CON #CONOCOPHILIPS #CNEOIL&GAS EN EL VALLE DEL MAGDALENA MEDIO

COMUNICADO: LA ANLA LE MIENTE AL PAÍS: GOBIERNO NACIONAL Y MULTINACIONALES SÍ HAN ADELANTADO PROCESOS DE LICENCIA AMBIENTAL PARA REALIZAR FRACKING EN COLOMBIA

Fuente: Comité en Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas.
san martin sin fracking
El Comité en Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, como un espacio amplio, incluyente y diverso conformado por ciudadanas y ciudadanos de todas las tendencias, que organiza la movilización en rechazo al Fracking en San Martín, Cesar, se permite informar a la opinión pública:
1. Desde hace varios años, el Gobierno Nacional viene impulsando la llegada a Colombia del FRACKING para la extracción de hidrocarburos mediante técnicas no convencionales, pese a las advertencias de la Contraloría, de las solicitudes para declarar la moratoria, y de las evidencias científicas y académicas de los impactos del Fracking en el ambiente y en la salud en otros países, que han llevado a la prohibición del mismo en diversas regiones del mundo.
2. En diciembre de 2015, la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH firmó con las empresas CONOCOPHILLIPS (constituida en el paraíso fiscal de las Islas Caimán) y CNE OIL & GAS, un contrato adicional para explorar y explotar usando técnicas No Convencionales en el Bloque Valle del Magdalena Medio VMM-3, y uno de sus pozos (Pico Plata 1) queda ubicado en los municipios de San Martín y Aguachica en el Cesar, y Rionegro en Santander (Ver contrato).
3. Además de los inminentes e irreversibles daños ambientales, este Contrato para Fracking vulnera gravemente los ingresos de la Nación, al establecer como algunas de sus condiciones: A. Que las regalías recibidas serán solo del 60% sobre las convencionales (Cláusula novena). B. Que la participación en la producción del Estado descontadas las regalías será de solo el 2% (Cláusula decimoprimera) y C. Que la Nación recibirá recursos hasta cuando la producción en el área supere los 5 millones de barriles, y cuando el barril esté por encima de los 81 dólares (Claásula decimotercera).
4. Mediante resolución 0227 del 7 de marzo de 2016, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, autorizó la cesión de la licencia ambiental que tenía la empresa SHELL para explorar Convencionales en ese mismo bloque (VMM-3), fundamentada en el Contrato Adicional descrito anteriormente para Yacimientos No Convencionales que busca realizar FRACKING en Colombia; lo cual demuestra que la ANLA y el Ministerio de Ambiente tenían a la fecha conocimiento del interés de explorar mediante FRACKING al expedir esta Resolución (Ver resolución).
5. Si bien a la fecha las empresas ConocoPhillips y CNE Oil & Gas no cuentan con licencia ambiental para realizar Fracking, los primeros días de marzo iniciaron a socializar en el
municipio un Estudio de Impacto Ambiental – EIA realizado por Antea Group que busca, solicitar a la ANLA una Licencia Ambiental para realizar exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales (Ver flyer usado en la socialización).
6. LO MÁS GRAVE: En medio del escándalo por la adjudicación de la Licencia Ambiental para la exploración y explotación de hidrocarburos en los alrededores de La Macarena y Caño Cristales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA le miente al país al afirmar en su cuenta de Twitter @ANLA_Col “La Anla no ha otorgado licencias para Fracking en ningún municipio del país” (Ver tuit), toda vez que el 21 de diciembre de 2015, a escondidas y mediante resolución 1655 (Ver Resolución – Ver extractos de la Resolución), autorizó una Licencia Ambiental para hacer estimulacion o fracturamiento hidráulico (FRACKING) en los municipios de Chiriguaná y la Jagua a la empresa Drummond Ltd para la producción de Gas asociado al Carbón, un tipo de Yacimiento No Convencional estipulado en el parágrafo del artículo 1, del Decreto 3004 de 2013.
7. Posteriormente y ante el rechazo de la comunidad que se vio reflejado en una movilización el pasado 17 de marzo en la cual participaron cerca de 4 mil personas, la ConocoPhillips cambió su discurso en las socializaciones, afirmando que ya no harían Fracking, si no exploración convencional, lo cual viola el Contrato Adicional firmado con la ANH, que expresa textualmente en el punto 2.3 del Anexo YNC C que reza “…y ante la decisión de EL CONTRATISTA de suscribir CONTRATO ADICIONAL y renunciar a la posibilidad de explorar y explotar Yacimientos Convencionales dentro del área asignada…” (Ver extracto del contrato).
8. En virtud del Principio de Precaución ante las graves afectaciones ambientales que podría ocasionar este proyecto en la región, además el engaño reiterado de las empresas y la nula legitimidad de cualquier decisión tomada por la ANLA, exigimos al Gobierno Nacional (MinMinas, MinAmbiente, ANH y ANLA) la CANCELACIÓN INMEDIATA DE TODO PROYECTO PARA REALIZAR EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES ( FRACKING) EN SAN MARTÍN Y EN TODA COLOMBIA. La valiente y digna comunidad de San Martín, sur del Cesar, se moviliza de nuevo y marcha pacíficamente el día de hoy domingo 17 de abril desde las 3:00 pm en defensa del Agua, de la Vida, del Territorio y de sus Ecosistemas”

viernes, 15 de abril de 2016

#ALERTA #COLOMBIA FIRMA Y COMPARTE VAMOS A SALVAR CAÑO CRISTALES DE LAS GARRAS DE LA MINERIA


#ALERTA #COLOMBIA FIRMA Y COMPARTE VAMOS A SALVAR CAÑO CRISTALES DE LAS GARRAS DE LA MINERIA
La resolución 0286 del 18 de marzo de 2016 entregada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)  dio vía libre para la explotación petrolera en uno de los sitios naturales más importantes de Colombia: La serranía de la Macarena, lugar donde se encuentra ubicado el río Caño Cristales, el cual ha llegado a ser denominado como "El río mas hermoso del mundo".

Allí la empresa Hupecol pretende comenzar la explotación de hidrocarburos en cerca de 150 puntos diferentes que colindan con las zonas declaradas protegidas, sin tener en cuenta el impacto ambiental que se puede causar  y lo que a juicio de ambientalistas de la región terminaría secando el afluente del Río Caño Cristales.

Una de las principales fuentes de ingresos de el municipio de La Macarena es el turismo, donde llegan aproximadamente más de 14 mil turistas al año que son atraídos por la belleza de sus recursos naturales, lo que significa que no sólo se pueden ocasionar impactos ambientales irreversibles, sino que también afectaría el sustento de muchas familias que habitan allí.

Debido a esto inicié esta petición para pedirle a Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que revoque la licencia de explotación. Nosotros como ciudadanos debemos velar por la protección de los recursos hídricos y paraísos naturales que tenemos.

Ayúdame firmando y difundiendo esta petición,

FIRMA LA PETICIÓN


miércoles, 13 de abril de 2016

#AlertaRoja #ApaporisEnPeligro #TLC #NoALaMineria #Soberania #TobieMiningAndEnergy #CosigoResources #FueraDeColombia #LaMineriaEsMUERTE

Al descubierto: Demandan a Colombia por $16.500 millones de dólares al amparo del TLC con EEUU, por crear el Parque Nacional Yaigoji Apaporis

Comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Internacional

12 abril, 2016

 
Colombia, Bogotá – 8 de abril. Por medio de documentos publicados recientemente por el gobierno colombiano se develó la intención de tres empresas mineras de demandar al país por un monto que podría alcanzar los 16.500 millones de dólares. La demanda se daría bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, y por la decisión del gobierno colombiano de crear un área de protección natural en lugar de autorizar actividades de explotación minera en la región amazónica.


Las empresas Tobie Mining and Energy (Estados Unidos), Cosigo Resources (Canadá) y Cosigo Resources Sucursal Colombia sostienen que su proyecto de minería de oro sufrió retrasos injustos y que el proceso de consulta para la aprobación del Parque Nacional Yaigoji Apaporis fue fraudulento. Por su parte, las comunidades indígenas afectadas por el emprendimiento extractivo denunciaron irregularidades en las que incurrieron las empresas en sus intentos de explotación minera. El área es un bosque tropical rico en biodiversidad, de los más importantes del mundo. Debido a la creación de la reserva natural se tuvieron que suspender todas las actividades mineras.
Las tres empresas perdieron recientemente un caso en el Tribunal Constitucional de Colombia, relacionado con un asunto similar. Según el Sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS por su sigla en inglés) la demanda de arbitraje será dirimida por un tribunal comercial secreto. Si el tribunal decide que Colombia debe pagar, el monto reclamado de hasta 16.500 millones de dólares, sería superior al presupuesto nacional colombiano de educación.
Actualmente hay 700 casos conocidos de demandas inversionista-Estado a nivel mundial. Sólo en 2016 se han presentado al menos cuatro casos contra Colombia. El 16 de marzo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, órgano del Banco Mundial) registró la intención de la minera Glencore de demandar a Colombia por un conflicto con el gobierno de ese país en torno a las regalías por un cuestionado proyecto de minería de carbón. La minera Eco Orotambién advirtió a Colombia que podría presentar una demanda comercial internacional por las medidas de protección del Páramo de Santurbán aplicadas por el Estado frente al avance de la minería de oro. Este páramo es una fuente de agua esencial y de la que dependen directamente más de dos millones de personas.
La información sobre la naturaleza o montos exactos de estas demandas no se encuentra disponible por el momento, debido al secretismo en que transcurren los procesos de los tribunales comerciales.
Danilo Urrea, CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia, afirmó:
"Los Tratados de Libre Comercio socavan cualquier posibilidad de un futuro sustentable, se utilizan para garantizar la acumulación de las empresas por encima de las definiciones constitucionales en las que instancias como la Corte Constitucional sentencian la necesidad y obligación del Estado en la protección de los ecosistemas y territorios esenciales para el país” (sentencia T 035 de febrero de 2016).
“Las empresas mineras han perdido sus casos en el ámbito colombiano, pero ahora quieren usar tribunales comerciales secretos para hacernos pagar por proteger la naturaleza y por mantener los mínimos de soberanía posibles en medio del modelo neoliberal. Es una clara estrategia empresarial para atacar las definiciones internas con las que se protege la naturaleza humana y no humana por encima de la acumulación del aparato corporativo trasnacional.”
Sam Cossar-Gillbert de Amigos de la Tierra Internacional dijo:
"El sistema comercial internacional actual está fuera de control. El mes pasado se demandó a Estados Unidos por $15 mil millones de dólares por suspender un oleoducto de arenas bituminosas, y ahora Colombia enfrenta una pena similar por crear una Reserva Natural. Es un delito que empresas multinacionales adineradas puedan usar los acuerdos comerciales para intimidar y amenazar el derecho de los gobiernos a reglamentar en interés del público."
"El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos fue anunciado por los dos gobiernos en su momento como el acuerdo con 'las protecciones ambientales más fuertes'. Sin embargo, en realidad, le otorga a las empresas extranjeras facultades especiales para atacar el ambiente. La gente, desde Michigan a Bogotá, está cansada de estas políticas comerciales fallidas. Es hora de cambiar".
Para más información:
Danillo Urrea - CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia
agua@censat.org
+57 3003047322
Sam Cossar-Gilbert, Amigos de la Tierra Internacional,
Coordinador del Programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo
sam.cossargilbert@foe.org.au
+33750918983
Alberto Villarreal -REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Coordinador Regional Programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo
comercioredes@gmail.com
+598 98 556360

Photo credit: Rodrigo Durán Bahamón via teleSUR